La Justicia tiene pendientes más de 230.000 demandas por cláusulas abusivas de la banca desde hace cuatro años, y cada vez hay más consenso en señalar al principal responsable de esta situación: la insistencia de las entidades bancarias en recurrir hasta las últimas instancias casos que probablemente perderán, pero que les sale rentable alargar.

Por eso muchos piden una solución para desatascar esta situación en la que el que más pierde es el ciudadano que quiere reclamar sus gastos cobrados indebidamente.

A pesar de que en 2017 se crearon tribunales específicos, la carga de casos pendientes –preferentes, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, hipotecas con IRPH, hipotecas multidivisa, tarjetas revolving o swaps- se ha estancado en torno a los 240.000:  “Estos juzgados no han servido para resolver el problema, sólo han conseguido encapsular en un reducido número de juzgados estos pleitos civiles”, denuncia Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche y representante del Consejo General de la Abogacía  en la comisión de seguimiento del arbitraje de cláusulas suelo. La Abogacía recurrió en 2017 la puesta en marcha de éstos juzgados, aunque fue desestimada.

Ante las quejas, el Ministerio de Justicia ha tomado cartas en el asunto y en los anteproyectos de las Leyes de Eficiencia Procesal y Organizativa-se han incluido medidas para desatascar estos juzgados especializados: juicios verbales –independientemente de la cuantía, por su mayor agilidad-, pleitos testigo –tomar un solo proceso como referencia y que tras obtener sentencia el resto de procesos puedan beneficiarse de sus mismos efectos si los casos son iguales- o la obligación de intentar un acuerdo extrajudicial previo.

Interés moratorio para desincentivar los pleitos

Sin embargo, puede que tampoco sea suficiente. “Son viejas ideas que no guardan relación con el problema”, insiste Pascual, para quien la resolución del problema pasa por “incentivar a la banca a abandonar la morosidad y cumplir puntualmente sus obligaciones. Esas reclamaciones no deben entrar en los tribunales, porque la banca debe cumplir a iniciativa propia sus obligaciones con los consumidores, debidamente incentivada por unos intereses moratorios relevantes”.

Esa propuesta la realizó el propio Pascual hace años en la comisión de la que forma parte, en nombre de la Abogacía, pero por el momento no se ha implementado, a pesar de que, como señala el letrado, “tienen la capacidad disuasoria idónea para evitar centenares de miles de pleitos”.  “No se comprende por qué no se aplica a la banca el mismo incentivo que se aplica, por ejemplo, a las aseguradoras para cumplir sus obligaciones”, añade.

En una reciente jornada celebrada por la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), el magistrado de Las Palmas Juan Avello abogó también por esta idea de la tasa moratoria, y consideró que “la única solución posible es que a las entidades financieras no les resulten rentable la litigiosidad”.

Efecto disuasorio para los consumidores

Aunque las sentencias en estos casos son en más de un 97% favorables al consumidor, la estrategia de dilatar todo lo posible los procesos tiene otro efecto: que los clientes, si la cantidad a reclamar no es muy elevada, desistan de ir a los tribunales porque no les merece la pena.

Según cifras de ASUFIN, el tiempo de espera para que se resuelva un caso de este tipo es de cuatro años de media.

Además, los sistemas de solución extrajudicial establecidos benefician también solo a la banca, según denuncia Pascual. “No podemos estar satisfechos con sistemas que exigen la reclamación de cada cliente, y que solo puedan recibir lo que les corresponde los que lo hagan”. Por ello, considera que “la banca puede y debe pagar a iniciativa propia y devolver lo cobrado indebidamente, igual que todos los meses cobra sus cuotas de préstamo a sus clientes”.

Estas elevadas cifras de litigiosidad generan preocupación incluso en el Banco de España. Su subgobernadora, Margarita Delgado, manifestó recientemente en una jornada organizada por el Colegio de Abogados de Málaga que esta situación “es mala para todos, al sobrecargar nuestro sistema judicial, implicar un gran coste económico y reputacional para las entidades y limitar o encarecer el acceso al crédito”.

Además de las medidas propuestas, Pascual considera necesario acabar con el sistema actual de juzgados y “descentralizar la justicia en sus partidos judiciales, acercarla a los ciudadanos en lugar de centralizarla en las capitales de provincia”, tal y como advirtió la Abogacía en su día.

Fuente: Abogacía.es