El Consejo General de la Abogacía ha recordado hoy al Partido Popular y al Gobierno que cualquier modificación de las leyes de extranjería debe respetar los derechos constitucionales de los inmigrantes a ser escuchados antes de ser devueltos a sus países de origen. El órgano que agrupa a los letrados españoles advierte al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que esta semana anunció cambios en la ley de seguridad ciudadana para amparar las devoluciones en caliente, que «ya existen en la legislación procedimientos previstos para reaccionar frente a los intentos de entrada irregulares –procedimiento de devolución o de denegación de entrada- aplicados en los supuestos de llegadas de pateras o de control de personas en puesto fronterizo». «No parece inapropiado tratar de elaborar un procedimiento específico para estos supuestos excepcionales de cruces irregulares de las fronteras de Ceuta y Melilla», añade el comunicado de los abogados españoles.

La nota insiste en que los planes del ministro suponen la aceptación implícita de que las devoluciones en caliente ahora son ilegales.

Sin embargo, la vía escogida, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, no es la más idónea para un tema que merece el máximo y sosegado análisis y discusión. En su lugar, parecería más adecuado haber planteado abierta y directamente la reforma de la Ley de Extranjería.

«Nuestro ordenamiento legal y constitucional regula obligatoriamente el respeto en cualquier procedimiento administrativo, también en la materia de extranjería, de las garantías jurídicas esenciales y especialmente en lo relativo a la audiencia del interesado y motivación de las resoluciones», defiende la resolución del Consejo de la Abogadía, que «no discute la potestad del Estado de controlar los accesos por las fronteras sino el derecho de todo ser humano a ser escuchado con las debidas garantías y dentro de un procedimiento ordenado». «Es un mandato constitucional que obliga a todos los poderes del Estado y que a todos nos atañe», recalca.

Los letrados explican que no abogan por una política de fronteras abiertas pero sí de respeto a los derechos y garantías constitucionales. Piden ampliar los dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que hay en Melilla y Ceuta y crear dependencias adecuadas para que los irregulares puedan pasar en buenas condiciones las 72 horas máximas de detención que contemplan las leyes españolas.