Hace más de un año que se produjo el estado de alarma gracias a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. Las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria, fueron imprescindibles para hacer frente a la situación, que por su extrema gravedad ha producido que la vida cotidiana, y con ella los hábitos de consumo y las circunstancias de cada uno de los ciudadanos se vean afectadas por la incertidumbre económica y sanitaria.

Numerosos asuntos relacionados con el consumo como son los problemas para hacer frente a la hipoteca o el alquiler, además de temas laborales vinculados con la aprobación de los ERTE o la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, se han convertido en las situaciones más relevantes y preocupantes de la actualidad, debido a que cada vez más personas se ven afectadas por estos problemas legales.

Uno de los problemas más graves es el asunto relacionado con la hipoteca o alquiler. Existen dos puntos de vistas, el del arrendador y el del arrendatario. Ambas partes se ven afectadas por la situación, por lo que existen varias soluciones que pueden utilizarse en estos casos.

En cuanto al alquiler, el principal problema es el impago de la renta. Por parte de los arrendatarios, lo más recomendado es la posibilidad de pedir una prórroga del contrato que finalizaba dentro del estado de alarma o la forma de dilatar el lanzamiento de la vivienda arrendada cuando reciben la demanda judicial en caso de no haber pagado la renta durante meses. Para ello, es posible el pacto entre ambas partes y reflejar el nuevo acuerdo, que es de seis meses en el caso de las prórrogas, en documento.

La última solución si no se reciben las mensualidades acordadas será poner en marcha un procedimiento de desahucio mediante la presentación de la demanda. En caso de que el procedimiento judicial ya esté en marcha, al inquilino no le quedará otra que intentar demostrar al juzgado que es económicamente vulnerable.

También se dan los retrasos en la cuota mensual de la hipoteca. Para hacer frente a esto, se da la moratoria hipotecaria, que se puede pedir hasta el próximo 30 de marzo. Una moratoria de hipotecas es un procedimiento bancario que permite a los clientes aplazar los pagos de sus préstamos hipotecarios. Desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, al cierre de junio se han aprobado 226.285 solicitudes de moratoria, el 83% de las presentadas, según los últimos datos del Banco de España.
La moratoria hipotecaria ha supuesto una solución para las personas que se han quedado sin ingresos y sin posibilidad de hacer frente a sus pagos mensuales por su vivienda o el local comercial. En caso de que se cumplan con los requisitos exigidos, el banco no exigirá el pago mensual durante un plazo máximo de nueve meses.