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El Ministerio de Justicia quiere que los menores víctimas de delitos contra la libertad sexual sean grabados en la fase de investigación y que ese testimonio sirva como prueba durante el juicio, para evitar así que tengan que revivir su sufrimiento prestando declaración varias veces.
Este cambio se introducirá en el anteproyecto del Estatuto de la Víctima del Delito, que está elaborando el Ministerio de Justicia y que remitirá a las Cortes antes de verano, ha asegurado hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante un encuentro de «Justicia Amigable» organizado con la Fundación Legalitas. Gallardón ha explicado que el Estatuto de la Víctima pretende evitar una «segunda victimización del menor», reduciendo lo máximo posible las situaciones traumáticas a las que pueda verse sometido durante el proceso judicial, especialmente en los juicios por delitos contra la identidad o libertad sexual.
Por eso, las declaraciones que el menor haga en sede policial o judicial en la fase de investigación podrán ser grabadas y visionadas posteriormente durante el juicio para evitar que, ante el presunto agresor, el menor tenga que prestar de nuevo declaración y revivir su sufrimiento.
También se incluye en este anteproyecto la figura del «defensor judicial de la víctima» que, a petición del fiscal de menores, representará al juez en la investigación de ciertos delitos del ámbito penal, ha agregado el ministro. Antes de su aprobación, el Ministerio de Justicia está trabajando en un proyecto piloto de «salas amigables», espacios ubicados en sedes judiciales donde los menores pueden ser atendidos en un entorno de confianza por psicólogos.
Estos lugares también están destinados a la exploración de los menores que han sido víctimas de abusos y a tomarles declaración judicial mediante un sistema de vídeo que permite al menor durante el juicio comunicarse con el tribunal y contradecir al acusado sin que se produzca esa «segunda victimización», ha detallado el presidente de Legalitas, Alfonso Carrascosa Marco. Carrascosa también ha explicado que esta experiencia de las «salas amigables» ya se puso en práctica desde hace varios años en algunos juzgados de lo penal del País Vasco y en la Audiencia Provincial de Vizcaya, así como en Andalucía, donde varias ONG están colaborando con este sistema.
La secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, Alejandra Frías, ha indicado que el Estatuto incluirá «no sólo la prohibición de dar publicidad a cualquier dato de un menor víctima o testigo sino incluso la prohibición de facilitar cualquier tipo de dato que permita su identificación, como la grabación del portal donde vive la familia».
Así, los juristas han destacado durante el encuentro los daños que puede suponer para el menor ser identificado por las imágenes o datos que se facilitan en los medios de comunicación, crítica en la que ha ahondado el magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Marchena ha considerado que internet es una «fuente» de segunda victimización porque allí se almacenan, por ejemplo, imágenes de contenido sexual con las que algunos menores fueron chantajeados y que tras el juicio permanecen públicas durante años.
Precisamente, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha alertado sobre el aumento de los delitos relacionados con internet y ha precisado que, en 2013, la Policía detuvo a 217 personas por delitos como el ciberacoso o la difusión en las redes de imágenes de contenido sexual.