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Las principales instituciones españolas aprueban en transparencia, según la clasificación presentada este miércoles por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Fundación Hay Derecho: el Tribunal Constitucional lidera con un 9,83 un ránking que cierran el Consejo Económico y Social (5,42) y la Fiscalía General del Estado (5,66), que aprueban con un suficiente raspado. ¿A qué se deben las buenas notas? A que estos organismos han encontrado en la transparencia una vía para intentar recuperar la confianza de los ciudadanos, según han argumentado los responsables del estudio. Como dijo Mar Cabrejas, magistrada y vocal del Consejo del Poder Judicial: «La transparencia es fuente de legitimidad. Es el oxígeno de la democracia».
«En España tenemos un problema de confianza en nuestras principales instituciones», ha destacado Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. «Es producto, en parte, de la crisis, y de la respuesta que en ocasiones no ha sido suficiente o adecuada por parte de ellas», ha argumentado. Y ha recalcado: «Hay que exigir más y modificar la Ley de transparencia para que sea más exigente».
¿Qué significa que una institución es transparente? Primero, que cumple con las obligaciones que marca la Ley. Y segundo, que está dispuesta a ir más allá en la información que proporciona a los ciudadanos sobre su actividad, publicando las actas de sus reuniones, los sueldos de sus integrantes, los gastos que generan sus viajes… detallando en qué se gastan los recursos públicos que financian sus actividades y cómo se toman las decisiones que luego afectan a la vida de los ciudadanos.
«Esperábamos encontrar menor nivel de transparencia en estos organismos», ha asegurado Esther Arizmendi, la presidenta del CTBG. «La media es de 8,50 sobre 10», ha subrayado. «Destacamos la actitud cooperativa, la implicación altísima de todos los líderes de los organismos visitados. Me atrevo a decir que a mayor independencia mejor y mayor transparencia», ha añadido. «La Fiscalía tiene problemas», ha reconocido. «Depende del Ministerio de Justicia. No es libre de hacer todas las mejoras que quiere. El Consejo Económico y Social también es consciente de que tiene un amplio margen de mejora».
Mientras las instituciones españolas aprueban en transparencia, el CTBG sigue pidiendo mejoras legales para que España de un salto cualitativo en la materia: la Ley de transparencia siguen sin tener un reglamento de aplicación, lo que impide que el Consejo sancione los incumplimientos de la norma.
https://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492593850_497332.html